Por Redacción Razones de Cuba.
Memorandos, correos electrónicos, documentos filtrados y una demanda pública conforman la más reciente carga de pruebas de la influencia del gobierno de Estados Unidos en la moderación del discurso en redes sociales. Con el pretexto de la protección del pueblo estadounidense de amenazas terroristas exacerbadas en el escenario digital, enmascaran la censura a un discurso alternativo y la realización de maniobras políticas.
Así lo reveló una investigación publicada recientemente por The Intercept. El antecdente público de este trabajo lo encontramos en la creación a principios de este año de una Junta de Gobernanza de la Desinformación en el Departamento de Seguridad Nacional, con el fin de vigilar la información errónea (información falsa difundida sin querer), desinformación (información falsa difundida intencionalmente) e información falsa (información fáctica compartida, generalmente fuera de contexto, con intenciones dañinas) que supuestamente amenaza los intereses de EE. UU.
A pesar de su pronta disolución, el monitoreo del espacio digital no es una práctica reciente. Una demanda presentada este año por el fiscal general de Missouri, Eric Schmitt, revela cómo la administración norteña utiliza su pode para moldear el discurso en línea.
Métodos
Facebook creó un portal especial para que la Dirección de Seguridad Nacional y los socios gubernamentales reporten la desinformación directamente. Existe un proceso formalizado para que los funcionarios soliciten limitar o suprimir contenido en Facebook e Instagram, a través de este portal especial, introduciendo un correo autorizado.
Laura Dehmlow, funcionaria del FBI, advirtió que la amenaza de información subversiva en las redes sociales podría socavar el apoyo al gobierno estadounidense. A esta reunión, efectuada en marzo de este año altos ejecutivos de Twitter y JPMorgan Chase. Necesitamos “una infraestructura de medios que rinda cuentas”, enfatizó.
“No nos coordinamos con otras entidades cuando tomamos decisiones de moderación de contenido, y evaluamos el contenido de forma independiente de acuerdo con las Reglas de Twitter”, escribió un portavoz de Twitter en un comunicado a The Intercept.
Un borrador de la Revisión cuatrienal de Seguridad Nacional del DHS, señala como prioridad del Departamento en los próximos años apuntar a la «información inexacta» sobre una amplia gama de temas, incluidos «los orígenes del COVID-19». La pandemia del 19 y la eficacia de las vacunas contra el COVID-19, la justicia racial, la retirada de EE. UU. de Afganistán y la naturaleza del apoyo de EE. UU. a Ucrania”.
“El desafío es particularmente agudo en las comunidades marginadas”, afirma el informe, “que a menudo son el blanco de información falsa o engañosa, como información falsa sobre los procedimientos de votación dirigidos a personas de color”.
La ambigüedad gubernamental para definir la desinformación y la naturaleza inherentemente subjetiva del concepto favorece que la DHS tome determinaciones motivadas políticamente sobre lo que constituye un discurso peligroso. A pesar del oscuro precedente, Estados Unidos no duda en proclamarse árbitro de lo que constituye información falsa o peligrosa sobre temas inherentemente políticos.
Ejemplos
Aunque el nivel de clasificación de los documentos referidos a estos temas atenta contra su esclarecimiento, emergen ejemplos de la intervención gubernamental en el contenido de las redes sociales.
En el contexto de las elecciones de 2020, el gobierno marcó numerosas publicaciones como sospechosas, muchas de las cuales luego fueron eliminadas, según revelaron los documentos citados en la demanda del fiscal general de Missouri. Un informe de 2021 de la Asociación de Integridad Electoral de la Universidad de Stanford encontró que, de casi 4800 elementos marcados, las plataformas tecnológicas tomaron medidas en el 35 por ciento, ya sea eliminando, etiquetando o bloqueando el habla, lo que significa que los usuarios solo pudieron ver el contenido después de pasar por alto. una pantalla de advertencia. La investigación se realizó «en consulta con CISA», la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad.
Con anterioridad se habían producido intercambios entre empresas tecnológicas como Twitter, Facebook, Reddit, Discord, Wikipedia, Microsoft, LinkedIn y Verizon Media se reunían mensualmente con el FBI, CISA y representantes gubernamentales, como parte de una iniciativa para discutir cómo las empresas manejarían la información errónea durante las elecciones.
Luego de la ocurrencia de incidentes de piratería de alto perfil en empresas estadounidenses, el Congreso aprobó y el presidente Donald Trump firmó la Ley de la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad. Así formaba una nueva ala de la DHS dedicada a proteger la infraestructura nacional crítica.
Desde el principio, CISA se jactó de una «misión evolucionada» para monitorear las discusiones en las redes sociales mientras «dirigía las preocupaciones de desinformación» a las plataformas del sector privado.
En 2019, el DHS creó una entidad separada llamada Rama de Influencia e Interferencia Extranjeras para generar inteligencia más detallada sobre la desinformación, muestra el informe del inspector general. Ese año, su personal creció para incluir 15 empleados de tiempo completo y medio tiempo dedicados al análisis de la desinformación. En 2020, el enfoque de la desinformación se amplió para incluir a la COVID-19, según una Evaluación de amenazas a la patria emitida por el secretario interino Chad Wolf.
Este aparato tuvo un período de prueba durante las elecciones de 2020, cuando CISA comenzó a trabajar con otros miembros de la comunidad de inteligencia de EE. UU. El personal de la Oficina de Inteligencia y Análisis asistió a «teleconferencias semanales para coordinar las actividades de la Comunidad de Inteligencia para contrarrestar la desinformación relacionada con las elecciones». Según el informe del IG, las reuniones se han seguido realizando cada dos semanas desde las elecciones.
Los correos electrónicos entre los funcionarios del DHS, Twitter y el Centro para la Seguridad de Internet describen el proceso para tales solicitudes de eliminación durante el período previo a noviembre de 2020.
Las notas de la reunión muestran que se pedirá a las plataformas tecnológicas que “procesen informes y brinden respuestas oportunas, para incluir la eliminación de la información errónea reportada de la plataforma cuando sea posible”. En la práctica, esto a menudo significaba que los funcionarios electorales estatales enviaban ejemplos de posibles formas de desinformación a CISA, que luego los enviaba a las empresas de redes sociales para obtener una respuesta.
Bajo la presidencia de Joe Biden, ha continuado el enfoque cambiante sobre la desinformación. En enero de 2021, CISA reemplazó el grupo de trabajo para contrarrestar la influencia extranjera con el equipo de «Información errónea, desinformación y malformación», que se creó «para promover una mayor flexibilidad para centrarse en MDM general». A estas alturas, el alcance del esfuerzo se había expandido más allá de la desinformación producida por gobiernos extranjeros para incluir versiones nacionales. El equipo de MDM, según un funcionario de CISA citado en el informe de IG, “contrarresta todo tipo de desinformación para responder a los eventos actuales”.
Jen Easterly, directora designada de CISA por Biden, dejó en claro rápidamente que continuaría cambiando los recursos en la agencia para combatir la propagación de formas peligrosas de información en las redes sociales. “Se podría argumentar que estamos en el negocio de la infraestructura crítica, y la infraestructura más crítica es nuestra infraestructura cognitiva, por lo que creo que desarrollar esa resiliencia a la información errónea y la desinformación es increíblemente importante”, dijo Easterly, hablando en una conferencia en noviembre. 2021.
El dominio de CISA se ha expandido gradualmente para abarcar más temas que, en su opinión, equivalen a infraestructura crítica. El año pasado, The Intercept informó sobre la existencia de una serie de informes de inteligencia de campo del DHS que advierten sobre ataques a torres de telefonía celular, que ha relacionado con teóricos de la conspiración que creen que las torres 5G propagan el covid-19. Un informe de inteligencia señaló que estas teorías de la conspiración “incitan ataques contra la infraestructura de comunicaciones”.
CISA ha defendido a sus florecientes autoridades de monitoreo de redes sociales, afirmando que «una vez que CISA notifica a una plataforma de redes sociales sobre desinformación, la plataforma de redes sociales podría decidir de forma independiente si eliminar o modificar la publicación». Pero, como muestran los documentos revelados por la demanda de Missouri, el objetivo de CISA es hacer que las plataformas respondan mejor a sus sugerencias.
A fines de febrero, Easterly envió un mensaje de texto a Matthew Masterson, un representante de Microsoft que anteriormente trabajó en CISA, para decirle que está “tratando de llevarnos a un lugar donde la Fed pueda trabajar con plataformas para comprender mejor las tendencias erróneas/incorrectas para que las agencias relevantes puedan intentar desacreditar/desacreditar como útil”.
Los registros de reuniones del Comité Asesor de Ciberseguridad de CISA, el subcomité principal que maneja la política de desinformación en CISA, muestran un esfuerzo constante por ampliar el alcance de las herramientas de la agencia para frustrar la desinformación.
En junio, el mismo comité asesor de CISA del DHS, que incluye a Vijaya Gadde, jefa de política legal, confianza y seguridad de Twitter, y Kate Starbird, profesora de la Universidad de Washington, redactó un informe para el director de CISA en el que pedía un papel más amplio para la agencia en la configuración . el “ecosistema de la información”.
El informe instó a la agencia a monitorear de cerca las “plataformas de redes sociales de todos los tamaños, los principales medios de comunicación, las noticias por cable, los medios hiperpartidistas, los programas de radio y otros recursos en línea”. Argumentaron que la agencia necesitaba tomar medidas para detener la “difusión de información falsa y engañosa”, centrándose en la información que socava “instituciones democráticas clave, como los tribunales, o por otros sectores como el sistema financiero o público”. medidas sanitarias.”
Para lograr estos amplios objetivos, según el informe, CISA debe invertir en investigaciones externas para evaluar la «eficacia de las intervenciones», específicamente con investigaciones que analicen cómo se puede contrarrestar la supuesta desinformación y qué tan rápido se difunden los mensajes. Geoff Hale, director de la Iniciativa de Seguridad Electoral de CISA, recomendó el uso de organizaciones sin fines de lucro de intercambio de información de terceros como una «cámara de compensación de información para evitar la apariencia de propaganda gubernamental».
El jueves pasado, inmediatamente después de la adquisición completa de Twitter por parte del multimillonario Elon Musk, Gadde fue despedido de la empresa.
La administración Biden, sin embargo, intentó hacer pública parte de esta infraestructura en abril de 2022, con el anuncio de la Junta de Gobernanza de la Desinformación. Las funciones exactas de la junta, y cómo lograría su objetivo de definir y combatir el MDM, nunca se aclararon.
La junta enfrentó una reacción inmediata en todo el espectro político. “¿Quién de nosotros cree que el gobierno debería agregar a su lista de trabajo el trabajo de determinar qué es verdad y qué es desinformación? ¿Y quién cree que el gobierno es capaz de decir la verdad?”. escribió el crítico de medios de Politico Jack Shafer. “Nuestro gobierno produce mentiras y desinformación a escala industrial y siempre lo ha hecho. Sobreclasifica información vital para impedir que sus propios ciudadanos se vuelvan más sabios. A miles de asistentes de prensa les paga jugar a esconder el salami con hechos”.
El secretario del DHS, Alejandro Mayorkas, aludió al amplio alcance del esfuerzo de desinformación de la agencia cuando le dijo al Comité de Asuntos Gubernamentales y Seguridad Nacional del Senado que el papel de la junta, que en ese momento había sido degradado a un «grupo de trabajo», es «realmente desarrollar lineamientos, estándares, barandillas para garantizar que el trabajo que ha estado en curso durante casi 10 años no infrinja los derechos de libertad de expresión, los derechos de privacidad, los derechos civiles y las libertades civiles de las personas”.
“Francamente, fue bastante desconcertante”, agregó, “que el trabajo de desinformación que estuvo en marcha durante muchos años en diferentes administraciones independientes no estuviera guiado por barandillas”.
El DHS finalmente eliminó la Junta de Gobernanza de la Desinformación en agosto. Si bien los defensores de la libertad de expresión aplaudieron la disolución de la junta, otros esfuerzos del gobierno para erradicar la desinformación no solo continuaron sino que se expandieron para abarcar sub-agencias adicionales del DHS como Aduanas y Protección Fronteriza, que “determina si la información sobre el componente se difunde a través de las plataformas de redes sociales. como Facebook y Twitter es precisa”. Otras agencias, como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, la Dirección de Ciencia y Tecnología (cuyas responsabilidades incluyen «determinar si las cuentas de las redes sociales eran bots o humanos y cómo el caos causado por los bots afecta el comportamiento») y el Servicio Secreto también han ampliado su alcance para incluyen desinformación, según el informe del inspector general .
El borrador de la Revisión cuatrienal de seguridad nacional de 2022 del DHS revisada por The Intercept también confirma que el DHS considera que el problema de abordar la desinformación y la información errónea es una parte cada vez mayor de sus funciones principales. Si bien “el contraterrorismo sigue siendo la primera y más importante misión del Departamento”, señala, el “trabajo de la agencia en estas misiones está evolucionando y es dinámico” y ahora debe adaptarse a las amenazas terroristas “exacerbadas por la desinformación y la desinformación difundida en línea”, incluida la “información interna”. extremistas violentos”.
Para lograr esto, el borrador de la revisión cuatrienal exige que el DHS “aproveche la tecnología avanzada de análisis de datos y contrate y capacite a especialistas calificados para comprender mejor cómo los actores de amenazas usan las plataformas en línea para introducir y difundir narrativas tóxicas destinadas a inspirar o incitar a la violencia, así como a trabajar”. con las ONG y otras partes de la sociedad civil para desarrollar la resiliencia a los impactos de la información falsa”.
La amplia definición de «actores de amenazas» que plantean riesgos para la infraestructura crítica vagamente definida, un área tan amplia como la confianza en el gobierno, la salud pública, las elecciones y los mercados financieros, ha preocupado a los defensores de las libertades civiles. «Sin importar sus lealtades políticas, todos tenemos buenas razones para estar preocupados por los esfuerzos del gobierno para presionar a las plataformas privadas de redes sociales para que alcancen las decisiones preferidas del gobierno sobre qué contenido podemos ver en línea», dijo Adam Goldstein, vicepresidente de investigación de FUEGO.
“Cualquier solicitud gubernamental a las plataformas de redes sociales para revisar o eliminar cierto contenido”, agregó, “debe hacerse con extrema transparencia”.
Se muestra un tuit sobre el FBI durante una audiencia del Comité de Asuntos Gubernamentales y Seguridad Nacional del Senado de EE. UU. sobre el impacto de las redes sociales en la seguridad nacional en Capitol Hill en Washington, DC, el 14 de septiembre de 2022.
Se muestra un tuit sobre el FBI durante una audiencia del Comité de Asuntos Gubernamentales y Seguridad Nacional del Senado sobre el impacto de las redes sociales en la seguridad nacional en Capitol Hill en Washington, D.C., el 14 de septiembre de 2022. Foto: Getty Images.
La expansión de HS hacia la desinformación, la desinformación y la mala información representa una importante remodelación estratégica para la agencia, que fue fundada en 2002 en respuesta a los ataques del 11 de septiembre como un baluarte para coordinar las operaciones de inteligencia y seguridad en todo el gobierno. Al mismo tiempo, el FBI desplegó miles de agentes para concentrarse en los esfuerzos antiterroristas, mediante la creación de redes de informantes y operaciones de inteligencia diseñadas para prevenir ataques similares.
Pero las formas tradicionales de terrorismo, planteadas por grupos como Al Qaeda, evolucionaron con el auge de las redes sociales, con grupos como el Estado Islámico usando plataformas como Facebook para reclutar y radicalizar a nuevos miembros. Después de la reticencia inicial, los gigantes de las redes sociales trabajaron en estrecha colaboración con el FBI y el DHS para ayudar a monitorear y eliminar las cuentas afiliadas a ISIS.
El director del FBI, James Comey, le dijo al Comité de Inteligencia del Senado que las agencias de aplicación de la ley necesitaban “adaptarse y enfrentar los desafíos” rápidamente que planteaban las redes terroristas que habían demostrado ser expertas en aprovechar las redes sociales. Las agencias de inteligencia respaldaron nuevas empresas diseñadas para monitorear el vasto flujo de información a través de las redes sociales para comprender mejor las narrativas y los riesgos emergentes.
“El Departamento no ha sido completamente reautorizado desde su creación hace más de quince años”, advirtió el Comité de Seguridad Nacional del Senado en 2018. “A medida que el panorama de amenazas continúa evolucionando, el Departamento ajustó su organización y actividades para abordar las amenazas emergentes y proteger a los EE. UU. patria. Esta evolución de los deberes y la organización del Departamento, incluidas la estructura y las operaciones de la sede del DHS, nunca se ha codificado en un estatuto”.
La posterior derrota militar de las fuerzas de ISIS en Siria e Irak, junto con la retirada de Afganistán, dejó al aparato de seguridad nacional sin objetivo. Mientras tanto, una nueva amenaza entró en el discurso. La acusación de que los agentes rusos habían sembrado desinformación en Facebook que inclinó la elección de 2016 hacia Donald Trump resultó en que el FBI formara el Grupo de Trabajo de Influencia Extranjera, un equipo dedicado a prevenir la intromisión extranjera en las elecciones estadounidenses.
Según las minutas de la reunión del DHS de marzo, la Fuerza de Tareas de Influencia Extranjera del FBI este año incluye a 80 personas enfocadas en frenar los «datos subversivos utilizados para abrir una brecha entre la población y el gobierno».
“El Departamento encabezará iniciativas para crear conciencia sobre las campañas de desinformación dirigidas a comunidades en los Estados Unidos, brindando a los ciudadanos las herramientas necesarias para identificar y detener la propagación de operaciones de información destinadas a promover la radicalización al extremismo violento o la movilización a la violencia”, Kevin, secretario interino del DHS. McAleenan dijo en un marco estratégico de septiembre de 2019 .
El DHS también comenzó a ampliar su vigilancia para incluir una amplia gama de actores nacionales vistos como fuentes potenciales de radicalización y agitación. Un funcionario del FBI entrevistado por The Intercept describió cómo, en el verano de 2020, en medio de las protestas de George Floyd, fue reasignado de su trabajo normal de contrarrestar los servicios de inteligencia extranjeros para monitorear las cuentas de las redes sociales estadounidenses. (El funcionario, que no está autorizado a hablar en público, describió la reasignación bajo condición de anonimato).
Y un memorando de junio de 2020 con el asunto «Acciones para abordar la amenaza planteada por terroristas domésticos y otros extremistas domésticos» preparado por la sede del DHS para Wolf, el secretario interino del DHS de Trump, delinea planes para «ampliar el intercambio de información con el sector tecnológico» para para “identificar las campañas de desinformación utilizadas por los actores del DT [terrorismo interno] para incitar a la violencia contra la infraestructura, los grupos étnicos, raciales o religiosos, o las personas”. El memorando describe planes para trabajar con socios del sector tecnológico privado para compartir inteligencia no clasificada del DHS sobre «actores de DT y sus tácticas» para que las plataformas puedan «moverse de manera efectiva, usar sus propias herramientas para hacer cumplir los acuerdos de usuario/términos de servicio y eliminar el contenido de DT».
Biden también priorizó tales esfuerzos. El año pasado, la administración Biden lanzó la primera Estrategia Nacional para Contrarrestar el Terrorismo Doméstico. La estrategia identificó una «prioridad más amplia: aumentar la fe en el gobierno y abordar la polarización extrema, alimentada por una crisis de desinformación e información errónea a menudo canalizada a través de las plataformas de redes sociales, que puede desgarrar a los estadounidenses y conducir a algunos a la violencia».
“Estamos trabajando con gobiernos, la sociedad civil y el sector tecnológico de ideas afines para abordar el contenido terrorista y extremista violento en línea, incluso a través de colaboraciones de investigación innovadoras”, continuó el documento de estrategia, y agregó que la administración estaba “abordando la crisis de desinformación y información errónea, a menudo canalizada a través de redes sociales y otras plataformas de medios, que puede alimentar una polarización extrema y llevar a algunas personas a la violencia”.
El año pasado, un alto funcionario de contraterrorismo del FBI fue criticado cuando negó falsamente al Congreso que el FBI monitorea las redes sociales de los estadounidenses y, por lo tanto, no había detectado amenazas que condujeron al ataque al Capitolio de los EE. UU. el 6 de enero de 2021. De hecho, el FBI ha gastado millones de dólares en software de seguimiento de redes sociales como Babel X y Dataminr . De acuerdo con las pautas oficiales de la oficina, las actividades autorizadas incluyen «navegar proactivamente en Internet para encontrar sitios web y servicios de acceso público a través de los cuales se lleva a cabo abiertamente el reclutamiento por parte de organizaciones terroristas y la promoción de delitos terroristas».
Otro funcionario del FBI, un oficial del grupo de trabajo conjunto contra el terrorismo, describió a The Intercept como reasignado este año de la división de terrorismo internacional de la oficina, donde habían trabajado principalmente en casos relacionados con Al Qaeda y el grupo Estado Islámico, a la división de terrorismo doméstico para investigar a los estadounidenses. , incluidos individuos antigubernamentales como extremistas violentos por motivos raciales, ciudadanos soberanos, milicias y anarquistas. Trabajan de forma encubierta en línea para penetrar salas de chat de redes sociales, foros en línea y blogs para detectar, ingresar, desmantelar e interrumpir organizaciones terroristas existentes y emergentes a través de foros en línea, salas de chat, tableros de anuncios, blogs, sitios web y redes sociales. , dijo el funcionario del FBI, quien no tenía permiso para hablar oficialmente.
La Ley de Privacidad de 1974, promulgada tras el escándalo de Watergate, restringe la recopilación de datos del gobierno de los estadounidenses que ejercen sus derechos de la Primera Enmienda, una salvaguardia que los grupos de libertad civil han argumentado que limita la capacidad del DHS y el FBI para participar en la vigilancia del discurso político estadounidense expresado en redes sociales. Sin embargo, el estatuto mantiene exenciones para la información recopilada con el fin de una investigación penal o policial.
“No existen restricciones legales específicas sobre el uso de las redes sociales por parte del FBI”, dijo a The Intercept Faiza Patel, directora sénior del programa de libertad y seguridad nacional del Brennan Center for Justice. “Las pautas del fiscal general permiten que los agentes miren las redes sociales antes de que haya alguna investigación. Así que es una especie de Salvaje Oeste allá afuera”.
El primer funcionario del FBI, a quien The Intercept entrevistó en 2020 en medio de los disturbios de George Floyd, lamentó la deriva hacia el monitoreo sin orden judicial de los estadounidenses y dijo: «Hombre, ya ni siquiera sé qué es legal».
En retrospectiva, el informe del New York Post sobre el contenido de la computadora portátil de Hunter Biden antes de las elecciones de 2020 proporciona un estudio de caso esclarecedor de cómo funciona esto en un entorno cada vez más partidista.
Gran parte del público ignoró los informes o asumió que eran falsos, ya que más de 50 exfuncionarios de inteligencia denunciaron que la historia de la computadora portátil era una creación de una campaña de «desinformación rusa». Los principales medios de comunicación se vieron afectados por las acusaciones de interferencia electoral en 2016 y, sin duda, Trump intentó usar la computadora portátil para interrumpir la campaña de Biden. Twitter terminó prohibiendo los enlaces al informe del New York Post sobre el contenido de la computadora portátil durante las semanas cruciales previas a las elecciones. Facebook también limitó la capacidad de los usuarios para ver la historia.
En los últimos meses, ha surgido una imagen más clara de la influencia del gobierno.
En una aparición en el podcast de Joe Rogan en agosto, el director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, reveló que Facebook compartió de forma limitada los informes del New York Post después de una conversación con el FBI. “El trasfondo aquí es que el FBI vino a nosotros, algunas personas de nuestro equipo, y dijo: ‘Oye, para que lo sepas, debes estar en alerta máxima porque hubo mucha propaganda rusa en las elecciones de 2016’. ”, le dijo Zuckerberg a Rogan. El FBI les dijo, dijo Zuckerberg, que «tenemos un aviso de que básicamente va a haber algún tipo de basurero». Cuando la historia del Post salió a la luz en octubre de 2020, Facebook pensó que «se ajustaba a ese patrón» que el FBI tenía. les dijo que estuvieran atentos.
Zuckerberg dijo que lamentaba la decisión, al igual que Jack Dorsey, el director ejecutivo de Twitter en ese momento. A pesar de las afirmaciones de que el contenido de la computadora portátil fue falsificado, el Washington Post confirmó que al menos algunos de los correos electrónicos en la computadora portátil eran auténticos.
El New York Times autenticó los correos electrónicos de la computadora portátil, muchos de los cuales fueron citados en el informe original del New York Post de octubre de 2020, que los fiscales examinaron como parte de la investigación del Departamento de Justicia sobre si el hijo del presidente violó la ley en una variedad de temas. , incluido el lavado de dinero, los delitos relacionados con impuestos y el registro de cabildeo extranjero.
Los documentos presentados en un tribunal federal como parte de una demanda de los fiscales generales de Missouri y Luisiana agregan una capa de nuevos detalles a la anécdota de Zuckerberg, y revelan que los funcionarios que lideraron el impulso para expandir el alcance del gobierno hacia la desinformación también desempeñaron un papel discreto en la toma de decisiones. de los gigantes de las redes sociales en torno a la historia del New York Post.
Según los registros presentados en un tribunal federal, dos agentes del FBI no identificados anteriormente, Elvis Chan, un agente especial del FBI en la oficina de campo de San Francisco, y Dehmlow, el jefe de sección de la Fuerza de Tareas de Influencia Extranjera del FBI, participaron en comunicaciones de alto nivel que supuestamente «condujo a la supresión de Facebook» de los informes del Post.
La historia de la computadora portátil Hunter Biden fue solo el ejemplo más destacado de las agencias de aplicación de la ley que presionan a las empresas de tecnología. En muchos casos, las cuentas de Facebook y Twitter marcadas por el DHS o sus socios como formas peligrosas de desinformación o posible influencia extranjera eran claramente cuentas de parodia o cuentas prácticamente sin seguidores ni influencia.
En mayo, el fiscal general de Missouri, Eric Schmitt, tomó la iniciativa de presentar una demanda para combatir lo que él considera esfuerzos radicales de la administración Biden para presionar a las empresas de redes sociales para que moderen ciertas formas de contenido que aparecen en sus plataformas.
La demanda alega los esfuerzos de todo el gobierno para censurar ciertas historias, especialmente las relacionadas con la pandemia. También nombra varias agencias en todo el gobierno que han participado en los esfuerzos para monitorear el discurso y la «colusión abierta» entre la administración y las empresas de redes sociales. Identifica, por ejemplo, correos electrónicos entre funcionarios de los Institutos Nacionales de Salud, incluido el Dr. Anthony Fauci, y Zuckerberg al comienzo de la pandemia, y revela discusiones en curso entre altos funcionarios de la administración de Biden con ejecutivos de Meta sobre el desarrollo de políticas de moderación de contenido en un variedad de temas, incluidos los relacionados con las elecciones y las vacunas.
Los abogados de la administración de Biden han respondido en los tribunales afirmando que los demandantes carecen de legitimación y que las empresas de redes sociales aplicaron políticas de moderación de contenido por su propia voluntad, sin ninguna influencia » coercitiva » del gobierno. El 21 de octubre, el juez que preside el caso autorizó a los fiscales generales a declarar a Fauci, funcionarios de CISA y especialistas en comunicación de la Casa Blanca.
Si bien la demanda tiene un claro sesgo partidista, señalando con el dedo a la administración de Biden por supuestamente buscar controlar el discurso privado, muchas de las citaciones solicitan información que se extiende a la era de Trump y brinda una ventana a lo absurdo del esfuerzo en curso.
“Cada vez hay más pruebas de que los funcionarios del poder legislativo y ejecutivo están utilizando empresas de redes sociales para ejercer la censura en sustitución”, dijo Jonathan Turley, profesor de derecho en la Universidad George Washington, que ha escrito sobre la demanda. “Es axiomático que el gobierno no puede hacer indirectamente lo que tiene prohibido hacer directamente. Si los funcionarios del gobierno están dirigiendo o facilitando tal censura, plantea serias dudas sobre la Primera Enmienda”.
Durante las elecciones de 2020, el Departamento de Seguridad Nacional, en un correo electrónico a un funcionario de Twitter, envió información sobre una posible amenaza a la infraestructura crítica de EE. UU., citando advertencias del FBI, en este caso sobre una cuenta que podría poner en peligro la integridad del sistema electoral.
El usuario de Twitter en cuestión tenía 56 seguidores, junto con una biografía que decía «Envíanos un mensaje de texto con las ubicaciones de tus tiendas de marihuana (enfadaos, pero esta es una cuenta de parodia)», bajo una imagen de banner de Blucifer, el demoníaco de 32 pies de altura. escultura de caballo presentada en la entrada del Aeropuerto Internacional de Denver.
“No estamos seguros de si se puede tomar alguna medida, pero queríamos marcarlos para su consideración”, escribió un funcionario estatal en el hilo del correo electrónico, reenviando otros ejemplos de cuentas que podrían confundirse con entidades gubernamentales oficiales. El representante de Twitter respondió: “Vamos a escalar. Gracias.»
Cada correo electrónico de la cadena contenía un descargo de responsabilidad de que la agencia “no tiene ni busca la capacidad de eliminar o editar la información que está disponible en las plataformas de redes sociales”.
Sin embargo, ese eslogan preocupa a los defensores de la libertad de expresión, quienes señalan que la agencia está tratando de poner fin a la Primera Enmienda ejerciendo una presión continua sobre las empresas de redes sociales del sector privado. “Cuando el gobierno sugiere cosas, no es demasiado difícil quitarse el guante de terciopelo y se obtiene el puño de correo”, dijo Adam Candeub, profesor de derecho en la Universidad Estatal de Michigan. “Y consideraría tales acciones, especialmente cuando están burocratizadas, como acciones esencialmente estatales y colusión del gobierno con las plataformas”.
“Si un gobierno autoritario extranjero enviara estos mensajes”, señaló Nadine Strossen, expresidenta de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles, “no hay duda de que lo llamaríamos censura”.
Con información de The Intercept.
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